Juan Manuel Santos fue elegido presidente de Colombia por menos del 30 por ciento de los votantes y menos del 15 por ciento de los habitantes. Si fuera un hombre honesto, gobernaría cabizbajo, aceptaría el triunfo porque no hay otra cosa que hacer, que respetar el derecho de los que salieron de sus casas a cumplir un deber cívico, pero aceptara la realidad de que no hay democracia en el gobierno de una minoría.
La democracia es en su etimología y definición, el gobierno del pueblo, y si el pueblo no fue parte de la elección de un gobierno, entonces este no es un gobierno del pueblo, ni es un gobierno democrático. Eso no quiere decir que no sea legítimo, porque la ley no es siempre lo que se quiere, sino lo que se puede. Si las leyes fueran perfectas la palabra injusticia desapareciera del diccionario.
Colombia es el país andino más desigual del continente americano, su nivel de pobreza está sobre el 46 por ciento y la indigencia, es decir los pordioseros, alcanzan el 17 por ciento de la población.
¿Quién es el culpable de esto? ¿Las FARCS? ¿El Narcotráfico?
Veamos si estos datos nos dan la respuesta:
Según documentos de departamento anti drogas de los Estados Unidos, el famoso DEA, el narcotráfico ha generado riquezas a los capos de los carteles por más de 500 mil millones de dólares al año desde 1995. Se estima que anda actualmente por los 700 mil millones. Esto representaba, según la DEA, aproximadamente el 6.3 por ciento del producto interno bruto de Colombia.
El dinero del narcotráfico se maneja en gran parte entre la plebe, es decir entre la gente del pueblo pobre y desplazada que es contratada por los capos para toda clase de trabajos, desde la limpieza de las mansiones hasta la comisión de crímenes. También entre los campesinos cultivadores de coca, los que la cosechan, los que la transportan y los que trabajan en la preparación de las amapolas. De la misma manera se invierte en el bajo mundo de las urbes colombianas.
En cambio la clase empresarial e industrial colombiana es la responsable de más del ochenta por ciento del PIB, y la riqueza convencional acumulada de éstos descansa en las bóvedas de los bancos, especialmente estadounidenses, en su mayoría en el mundo financiero del exótico estado de La Florida.
Hace apenas unos días el ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Fabio Valencia Cossio, anunció con bombos y platillos que el cultivo de coca se ha reducido en un 16 por ciento y que Colombia ya no es el principal productor de cocaína del mundo.
Por otro lado, según la DEA, las FARCS reciben mil millones de dólares al año producto de su complicidad con el narcotráfico. Si eso es cierto, a nadie le cabe la menor duda de que ese dinero no se deposita en ningún banco de Miami, sino que se maneja dentro del mismo grupo guerrillero para costear sus actividades subversivas.
En otras palabras, el dinero ilegítimo se maneja en la plebe y es solo una mínima parte del ingreso bruto. Que la actividad delictiva suba o baje no significa ningún cambio importante en la reducción o aumento de la pobreza en Colombia.
A los culpables de esa desigualdad hay que buscarlos dentro de los más altos estamentos sociales del país, comenzando por el aparato administrativo, donde se producen las más rápidas riquezas individuales del país.
La sociedad colombiana, como todas las otras de América Latina, es a su vez dos sociedades: una rica y medianamente acomodada, y otra pobre, que raya los límites de la indigencia. La primera conforma cerca del 35 por ciento de la población, y es la que tiene acceso al Internet y a las veleidades de la vida moderna.
La otra que conforma cerca del 50 por ciento, apenas tiene acceso a la televisión o a la radio y es la que no recibe el beneficio de ninguno de los gobiernos que se turna en el panorama político del Colombia. Es la que no vota porque le importa un carajo quien suba al gobierno, porque para él, es lo mismo: “otro ladrón”.
El presidente Álvaro Uribe dejará el gobierno de Colombia como un héroe, porque logró reducir los niveles de inseguridad ciudadana, acertó duros golpes a la guerrilla, desmovilizó a los paramilitares, aunque fuera condonándoles los crímenes más horrendos, y manejó la economía de manera favorable a la inversión, lo que generó estabilidad y crecimiento.
Pero la pobreza en Colombia sigue igual o peor. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, (CEPAL), del 2002, año en que Uribe llegó al poder, la pobreza en Colombia era de 45 por ciento, y el número de indigentes era del 17 por ciento de la población. Ocho años después, cuando Uribe se retira cómo Batman de “Ciudad Gótica”, dejando a Robin a cargo, el informe de la CEPAL del 2009 arroja que en Colombia el 46 por ciento de la población vive en la pobreza y el 17 por ciento en la indigencia. Es decir, que si se toma en cuenta el crecimiento poblacional en ocho años, Colombia despide a Uribe con más pobres y más indigentes que antes, pero eso si, con los ricos más ricos y más seguros.
Eso explica por si solo la abstención electoral en Colombia y la indiferencia de la población a los discursos políticos.
Si Juan Manuel Santos fuera un político serio, no se vanagloriara de haber sido electo por menos del 27 de los votantes, comenzaría por buscar la forma de reducir las desigualdades que hacen de ese país dos países diferentes, con lo cual comenzaría a trabajar por ser realmente el presidente de los colombianos y no de los que viven del usufructo del pueblo y de los que les sirven a estos para llevar una vida, aunque sea en apariencia, igual a la de los grandes afortunados del país, o mejor dicho, los bendecidos.
Pero Juan Manuel Santos no va a hacer eso, y ni remotamente va a pensarlo, pues para él, ese 27 por ciento es el pueblo de Colombia, y los demás son “griegos inadaptados a la sociedad romana”.
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