Agosto 31, 2010.- El ministro de Inmigración francés, Eric Besson, y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, viajan hoy a Bruselas para dar explicaciones al Ejecutivo comunitario por la expulsión de decenas de rumanos y búlgaros de etnia gitana que vivían en campamentos irregulares que han sido desmantelados. Bruselas puede iniciar un procedimiento contra Francia si concluye que ha vulnerado las normas europeas.
Los representantes franceses serán recibidos a partir de las 14.30 por la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, y por la comisaria de Interior, Cecilia Malmström. También se reunirán con un representante de la dirección de Empleo y Asuntos Sociales, ya que el comisario de esta cartera, Laszlo Andor, no se encuentra en la capital europea. Esta reunión tiene lugar un día antes de que la vicepresidenta Reding presente a sus colegas del Colegio de Comisarios el informe "legal y político" sobre las medidas adoptadas por París, en el marco de una reunión de dos días y a puerta cerrada con la que el Ejecutivo comunitario retoma el curso tras el parón veraniego.
La reunión de este martes es el resultado de una conversación telefónica entre el primer ministro François Fillon y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, en la que ambos acordaron la necesidad de una discusión "directa" sobre un informe "tan sensible", informó un portavoz comunitario. Fillon insistió entonces en que "todas las medidas tomadas en los últimos días y las próximas que se tomen están, en su opinión, plenamente conformes a la ley", según el mismo portavoz, quien indicó que Barroso "tomó nota" de esas garantías.
Tras varias semanas recordando a París que tiene la "obligación" de cumplir las normas europeas en materia de libertad de movimiento y otras relacionadas con los derechos fundamentales, la Comisión ha valorado la "evolución positiva" del Gobierno francés al aceptar reunirse con Bruselas. El Ministerio de Inmigración francés anunció una reunión para el 6 de septiembre entre los grandes Estados miembros, incluidos Italia y España, para hablar de la inmigración irregular, pero no invitó a la Comisión, que tradicionalmente sí participa en este tipo de encuentros. Finalmente, cambió de opinión y ha convocado a la comisaria Malmström, que no ha confirmado aún su asistencia. El Ministerio francés también emitió un comunicado para negar que la expulsión de gitanos vaya a incluirse formalmente en el orden del día del encuentro, que ha sido rebajado a la categoría de "seminario de trabajo".
Sin embargo, lejos de aparcar su política de desmantelamiento de campamentos, Francia se plantea ampliar las expulsiones en casos de "robos reiterados" o "mendicidad agresiva". En poco más de un mes, desde que el pasado 28 de julio el presidente francés Nicolas Sarkozy diera instrucciones a su Gobierno para el desmantelaiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos y la deportación de sus ocupantes, ya se han evacuado 128 instalaciones de este tipo y se han devuelto a sus países a 977 gitanos.
Esta política hacia los gitanos no sólo ha levantado numerosas críticas en el exterior, sino que también ha abierto las primeras fisuras en el Gobierno francés. El ministro de Exteriores, el ex socialista Bernard Kouchner, admitió ayer que había considerado la posibilidad de dimitir. El titular de Defensa, Hervé Morin, criticó los discursos "del odio, el miedo y el chivo expiatorio" y abogó por "una sociedad apaciguada". Y el primer ministro, François Fillon, reconoció que tenía diferencias de "sensibilidad" con Sarkozy, pero eso no impedía que los ministros trabajaran unidos.
EL PAIS.COM
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