Ayer jueves 20 de mayo le notificamos al Comité Ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas, mediante acto de alguacil número 50-2010, para que en un plazo de 15 días laborables nos entreguen la información que habíamos solicitado el 11 de noviembre del año pasado. La moratoria le indica a Aurelio Henríquez presidente del CDP y a Adalberto Dominguez, Comisario de cuentas, que si no entregan la información en el plazo indicado, serán sometidos a la acción de la justicia y deberán pagar las costas judiciales.
La puesta en mora al CDP obedece a la negativa de la institución de entregarnos un informe detallado sobre la gestión de los pasados cuatro años que encabezó Mercedes Castillo y el contrato de arrendamiento de la azotea de la Casa Nacional del CDP, a la telefónica Viva, para la instalación de una antena.
En respuesta a nuestra petición de información efectuada el 11 de noviembre del 2009, Enrique nos envió el día 4 de marzo del 2010, unos informes sobre los tres primeros meses de su gestión, octubre, noviembre y diciembre del 2009, cosa que en ningún momento le hemos solicitado, lo que calificamos como una burla y una falta de respeto.
El propósito de obtener la información que solicitamos obedece a que Aurelio Henrique el día de su juramentación afirmó; “Sabemos que esta nueva directiva asume un gran compromiso con ustedes. Recibimos un CDP endeudado, apagado, y sin solvencia económica”.
Esta afirmación del Presidente del CDP nos indujo a solicitar los informes antes mencionados sobre la situación real de la institución, hoy en quiebra moral y económica, donde paradójicamente los miembros no sabemos absolutamente nada de lo que está sucediendo.
La negativa del Comité Ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas, de entregarnos la información sobre el desempeño económico correspondiente a los periodos 2005-2007 y 2007-2009, sienta un precedente funesto en la historia del CDP debido a que la institución mejor llamada a cumplir con la Ley 200-04 de libre Acceso a la Información, se ha convertido en violadora de la Ley, y por consiguiente ya no tiene autoridad moral para reclamarle el cumplimiento de dicho precepto legal a otras entidades.
Es bastante cuestionable que una institución periodística no actúe con transparencia y a apego a la ley, en tal virtud le solicitamos a la Asociación de Periodistas Hispanos de los Estados Unidos, La Federación de Periodistas Digitales, a Reporteros Sin Fronteras y a la Sociedad Interamericana de Prensa, para que le den seguimiento a nuestro caso y le presten la debida atención.
Si necesitan alguna información adicional sobre el proceso, además de los documentos que recibimos, nos pueden contactar al 646-266-3078.
A nuestro representante legal Dr. Luis Emilio Almonte 809-841-1000
Cordialmente
Luis Alfredo Collado
New York
CC. Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAJH), Federación Internacional de Periodistas Digitales (FIPED), Asociación de Prensa de Madrid (APM), Colegio de Periodistas de Perú (CPP), Colegio de Periodistas de Costa Rica, Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
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