La construcción del Parque de la Fauna, también llamado Parque Verde, Parque del Terror, Fuiquitipark o sencillamente Zooberto en honor a su creador, ha permitido llamar la atención sobre el veleidoso criterio de gestión de los recursos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
A pesar de que ha manejado durante los últimos ocho años más de 19 mil millones de pesos, sin incluir subsidios extraordinarios del gobierno central y aportes del sector privado, la administración de Roberto Salcedo no ha podido terminar o iniciar algunos de sus principales proyectos, como la rehabilitación del mercado de Villa Consuelo, la reconstrucción del parqueo del Barrio Chino, la remodelación de la plaza de Guibia, la reconstrucción del parque Eugenio María de Hostos y el mejoramiento de los cementerios.
La colectividad del Distrito Nacional ha sido sorprendida por la decisión del alcalde de iniciar y terminar en pocos días una obra de escaso valor social que ningún sector de la capital había solicitado, mientras mantiene en el abandono la plaza de Guibia, clausurada desde hace más de cinco años, y el parque infantil Eugenio María de Hostos, enverjado desde principios del 2008. La misma suerte ha corrido la plaza Omar Torrijos, declaradamente oficialmente arrabalizada por el propio alcalde en el año 2006 para tratar de justificar la construcción de un helipuerto rechazado por la opinión pública y amplios sectores de la comunidad.
Esta conducta podría explicar por qué la sindicatura de Salcedo, es probablemente la única administración edilicia del país que no ha iniciado la aplicación del Presupuesto Municipal Participativo, con tres años de vigencia.
Resulta incomprensible que el señor Salcedo haya decidido gastarse unos once millones de pesos para hacer su improvisado, estrambótico y absurdo proyecto, en lugar de cumplir la promesa de terminar el mercado de Villa Consuelo “en un plazo no mayor de tres meses”, hecha el 27 de abril del 2006, cuando entregó un cheque por valor de RD$17,320,248.96, a la firma de ingenieros Ramón Inoa, según lo reseña una información firmada por la periodista Llennis Jiménez, tal como aparece en la edición digital del periódico Hoy de la fecha. El siguiente párrafo recoge fielmente el compromiso del alcalde:
“El ejecutivo municipal aseguró que los trabajos serán iniciados de inmediato y que la terminación está prevista para los próximos tres meses, lo que significa que se le aplicó una celeridad similar al reacondicionamiento del Mercado Nuevo de la avenida Duarte”. (Buscar en Google: “Reanudan construcción mercado Villa Consuelo”).
Es bueno resaltar que la celeridad anunciada por Salcedo tampoco funcionó en el caso del mercado Nuevo, que en la actualidad no tiene mucho que envidiarle a una pocilga.
Nadie conoce las razones por las cuales la administración de Salcedo no ha podido ejecutar las principales obras anunciadas durante los últimos años, a pesar de que la ley 176-07 lo obliga a destinar el 40 por ciento de sus ingresos a la construcción de obras de interés municipal.
Tampoco se conocen las razones por las cuales la Cámara de Cuentas se ha negado reiteradamente a divulgar los resultados de la única auditoria que le ha practicado ese organismo a la administración de Salcedo, y que podría explicar a donde han ido a parar los miles de millones de pesos dejados de invertir por la actual gestión en obras de interés municipal, en violación del artículo 21 de la Ley 176-07, sobre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los municipios, que ordena invertir el 40 por ciento de los fondos en obras de infraestructura, en adición al 31 por ciento en servicios, 25 por ciento en nómina y 4 por ciento en educación, salud y género.
El ocultamiento de los datos de esa auditoría podría estar orientado a proteger al señor Salcedo de las graves consecuencias de la violación de dicho artículo que establece lo siguiente:
Párrafo IV: La violación de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos.
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