Junio 09 2010 - REPUBLICA DOMINICANA
En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de
Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia
siguiente:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Biwater International
Limited, compañía constituida conforme las leyes de Inglaterra, con
domicilio social en Biwater House, Station Approach, Dorking, Surrey RH4
1TZ, Lóndres, Reino Unido y de elección en el estudio profesional de sus
abogados apoderados, en la Avenida Enriquillo No. 10, Edificio Fermín
Cairo, 3era. Planta, Suite C-9, Los Cacicazgos, de esta ciudad, contra la
sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la REPUBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Rec: Biwater International, Ltd. Vs. Fulgencio Marcelo Abreu Villavizar
Fecha: 9 de junio de 2010.
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional,
Rep. Dom.Tel.: (809) 533-3118 • Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do
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Corte de Apelación del Distrito Nacional el 30 de mayo de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. José Guillermo Taveras Montero, por sí y por el Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, abogados de la
parte recurrente;
Oído el dictamen del representante del Magistrado Procurador General de la República;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 6 de junio de 2008, suscrito por los Dres. Manuel Ramón Morel Cerda y Ernesto Guzmán Suárez, y el Lic. José Guillermo Taveras Montero, abogados de la parte recurrente, en el cual se
invocan los medios de casación que se indican más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de junio de 2008, suscrito por los Licdos. Jottin Cury hijo, Erick Barinas y Ramón E. Hernández R., abogado de la parte recurrida, Fulgencio Marcelo Abreu;
Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997
y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
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Visto el auto dictado el 5 de mayo de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Margarita Tavares, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de 1935; LA CORTE, en audiencia pública del 25 de marzo de 2009, estando presente los jueces Rafael Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita
Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretario, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda civil en cobro de pesos y validez de embargo retentivo interpuesta por Fulgencio Marcelo Abreu Villavizar, contra las empresas Biwater International, Ltd, Biwater Dominicana, S.A., y Consorcio Biwater Calvicad (ahora Biwater-Sinercon), la Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 30 de marzo de
2007, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, y Acoge, en parte, en cuanto al fondo, la demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo incoada por el señor Fulgencio Marcelo Abreu, en contra de Fulgencio Marcelo Abreu, en
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contra de Biwater International Ltd, Biwater Dominicana, S.A., y el Consorcio Biwater-Civilcad (ahora Biwater-Sinercon), mediante el acto No. 1170/06, de fecha 20 de septiembre de 2006, del ministerial Ramón Pérez Ramírez, Alguacil Ordinario de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
y, en consecuencia: a) Condena a Biwater international Ltd, Biwater Dominicana, S.A., y al Consorcio Biwater Civilcad (ahora BiwaterSinercon), a pagar la suma de nueve millones trescientos trece mil
ochocientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 72/100 (US$9,313,833.72), a favor de la parte demandante, señor Fulgencio Marcelo Abreu; y b) Rechaza la indicada demanda en cuanto a la validez del embargo retentivo trabado por Fulgencio Marcelo Abreu, en contra de
Biwater International Ltd, Biwater Dominicana, S.A., y el Consorcio Biwater-Civilcad (ahora Biwater-Sinercon); Segundo: Condena a la parte demandada, Biwater International Ltd, Biwater Civilcad (ahora BiwaterSinercon), a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del Lic. Erick Barinas García, quien hizo la afirmación correspondiente (sic)”; b) que sobre los recursos de apelación principal de Biwater International Ltd y Biwater Dominicana, S.A.; incidental de
Fulgencio Marcelo Abreu Villavizar, e incidental de Consorcio BiwaterSinercon (antes Consorcio Biwater Civilcad), interpuestos intervino la
sentencia ahora impugnada, cuya parte dispositiva es la siguiente:
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“Primero: Acoge, en cuanto a la forma, los recursos que se describen a
continuación, a saber: a) el principal, interpuesto por las compañías Biwater
International Limited y Biwater Dominicana, S.A., contenido en los actos Nos.
531/2007 y 577/2007, instrumentados y notificados por el ministerial Juan Alberto
Frías, de generales precedentemente descritas, de fecha 30 de agosto del año 2007;
b) incidental, interpuesto por el señor Fulgencio Marcelo Abreu Villavizar,
contenido en el acto No. 931/07, instrumentado y notificado por el ministerial
Ramón Pérez Ramírez, de generales precedentemente descritas, de fecha 17 de
septiembre del año 2007; y c) incidental, interpuesto por Consorcio BiwaterSinercon (antes denominado Consorcio Biwater Civilcad), mediante conclusiones
de audiencia; todos contra la sentencia civil No. 139, relativa al expediente No.
034-2006-820, de fecha 30 de marzo del año 2007, dictada por la Primera Sala de la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
por haberse incoado conforme a la ley; Segundo: Acoge parcialmente, en cuanto al
fondo, los recursos descritos en el ordinal anterior y en consecuencia modifica la
sentencia objeto de los mismos, para que en lo adelante tenga el siguiente
contenido: “Primero: Declarar bueno y válido, en cuanto a la forma y el fondo, y
acoge en parte, en cuanto al fondo, la demanda en cobro de pesos y validez de
embargo retentivo incoado por el señor Fulgencio Marcelo Abreu, en contra de
Biwater International, Ltd, Biwater Dominicana, S.A., y el Consorcio BiwaterCivilcad (ahora Biwater-Sinercon), mediante el acto No. 1170/06, de fecha 20 de
septiembre del 2006, del ministerial Ramón Pérez Ramírez, alguacil ordinario de la
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Corte de Apelación del Distrito Nacional, y, en consecuencia: A) Condena a
Biwater International. Ltd, a pagar la suma de nueve millones trescientos mil
ochocientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América, con 72/100
(US$9.313,833.72) en beneficio del demandante señor Fulgencio Marcelo Abreu y
B) Acoge la demanda en validez de embargo retentivo trabado por Fulgencio
Marcelo Abreu, en relación a la empresa Biwater International, Ltd; C) Rechaza la
demanda en validez de embargo retentivo interpuesta por el señor Fulgencio
Marcelo Abreu, en relación a las empresas Biwater Dominicana, S.A. y Consorcio
Biwater-Civicad (ahora Biwater-Sinercon) y, en consecuencia, ordena el
levantamiento del mismo, en beneficio de las indicadas empresas; Tercero:
Compensa las costas del procedimiento, por los motivos anteriormente expuestos”;
Considerando, que la recurrente propone para sustentar su recurso
los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación a la ley en los
artículos 116 y 117 del Código de Procedimiento Civil, 1108, 1123, 1132,
1134 y 1135 del Código Civil; Segundo Medio: Falta de ponderación de las
pruebas y desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Falta de base
legal;
Considerando, que en lo que respecta a la violación de los artículos
116 y 117 del Código de Procedimiento Civil, en el desarrollo del primer
medio la recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: que la Segunda Sala de
la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
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que emitió la sentencia impugnada, está integrada por los magistrados
Hermógenes Acosta de los Santos, Juez Presidente y por los jueces Eunicis
Vásquez Acosta, Robert Placencia, Samuel Arias Arzeno y Justiniano
Montero Montero; que la referida sentencia impugnada, en su página uno
(1) expresa que la Sala estuvo constituida por los tres (3) primeros que se
citan arriba, pero en su página cuarenta y tres (43) se consigna que
actualmente los magistrados Samuel Arias Arzeno y Justiniano Montero
Montero, se encuentran de licencia, razón por la cual no figuran sus firmas
en la sentencia, con lo que queda explicitado que la Sala estuvo integrada
por los cinco (5) jueces y que de estos, dos (2) no firmaron por encontrarse
de licencia y un (1) tercero, el magistrado Placencia, firmó la misma, pero
emitió un (1) voto disidente, mostrando su desacuerdo con la aludida
decisión no obstante haberla firmado; que de lo antes relatado infiere la
recurrente que el Juez Presidente de la Sala no cumplió con lo preceptuado
por el artículo 117 del Código de Procedimiento Civil al no llamar a una
segunda ronda de votación, incluyendo a los jueces en licencia, y que,
además, el juez Placencia para mostrar su desacuerdo con lo fallado emitió
un voto disidente en violación al mismo texto que consagra la secretidad
del voto en las deliberaciones; que como las sentencias se decidirán por
mayoría de votos, del examen de las dos cuestiones procesales citadas, se
puede establecer que la decisión impugnada no contó con la mayoría de
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votos requerida para su validez, según el artículo 116 del citado código, por
lo que dicha decisión debe ser casada;
Considerando, que en la sentencia atacada consta al respecto lo
siguiente: 1) que en la audiencia celebrada por la Segunda Sala de la Corte
a-qua el 29 de noviembre de 2007, las partes recurrentes y recurrida,
concluyeron al fondo de sus pretensiones por intermedio de sus
respectivos abogados constituidos, quedando el asunto desde ese momento
en estado de recibir fallo; 2) que, asimismo, revela la sentencia impugnada
que ésta fue emitida el 30 de mayo de 2008 por la citada Segunda Sala,
estando constituida por los jueces Hermógenes Acosta de los Santos,
Presidente, Eunicis Vásquez Acosta y Robert Placencia Alvarez, miembros,
asistidos por la secretaria y del alguacil de estrados de turno; 3) que de
igual manera consta en el fallo impugnado, que los magistrados Samuel
Arias Arzeno y Justiniano Montero Montero se encuentran en licencia,
razón por la cual no figuran sus firmas en la sentencia; y, 4) que es parte de
la misma también el voto disidente del juez Robert Placencia Alvarez, en el
cual señala que se separa de la decisión tomada por la mayoría de la Sala
que decidió rechazar la excepción de incompetencia propuesta por la actual
recurrente;
Considerando, en cuanto a lo alegado por la recurrente de que el Juez
Presidente de la Sala no cumplió con lo preceptuado por el artículo 117 del
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Código de Procedimiento Civil al no llamar a una segunda ronda de
votación incluyendo a los jueces que gozaban de licencia, lo que a su decir,
les impedía firmar la sentencia, se hace imperioso transcribir antes los
textos legales que se aduce fueron violados: Artículo 117 del Código de
Procedimiento Civil: “Cuando haya más de dos opiniones, los jueces que se
encuentren en minoría, estarán obligados a agregarse a una de las dos
opiniones que se hayan emitido por el mayor número. No obstante, no
estarán obligados a adherirse sino después que se hayan recogido los votos
por segunda vez”; Artículo 116 del mismo Código: “Las sentencias se
decidirán a mayoría de votos, y se pronunciarán en seguida. Los jueces se
retirarán a la Cámara de Consejo para decidir; podrán también diferir la
causa para dar decisión en una de las próximas audiencias”;
Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que
la Segunda Sala de la Corte a-qua celebró tres (3) audiencias: el 18 de
octubre, el 8 de noviembre y el 29 de noviembre de 2007, para instruir y
conocer de los recursos de apelación mencionados, y a ninguna de ellas se
integraron los jueces en licencia Samuel Arias Arzeno y Justiniano Montero
Montero, por lo que la citada Sala de la Cámara Civil de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, apoderada de la alzada, estuvo ab-initio
constituida, tanto en el conocimiento como en la deliberación y fallo de los
recursos de que se trata, por los jueces Hermógenes Acosta de los Santos,
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Eunicis Vásquez Acosta y Robert Placencia Alvarez; que el estudio de la
situación procesal planteada pone de manifiesto de conformidad con el
artículo 34 de la Ley de Organización Judicial No. 821 de 1927, modificado
por el artículo 5 de la Ley No. 255, del 13 de febrero de 1981, modificado
posteriormente por el artículo 2 de la Ley No. 107, del 29 de abril de 1983, y
últimamente por el artículo 5 de la Ley No. 141-02, del 29 de septiembre,
“…Las Salas (refiriéndose a las Salas de las Cortes de Apelación del Distrito
Nacional y de Santo Domingo) estarán integradas por cinco jueces cada
una, presidida por uno de ellos por decisión de la Suprema Corte de
Justicia, las cuales podrán sesionar válidamente con tres miembros, salvo
disposición contraria de la ley”; que de ello se deriva, contrario a lo alegado
por la recurrente, que la validez de la composición de la Sala Segunda de la
Corte a-qua con la integración, en el caso, de esos tres (3) magistrados
solamente, sesionó con un quórum incuestionable;
Considerando, que debido a la correcta composición de la Segunda
Sala de que se habla, en la especie, el presidente de la misma no tenía que
regirse, al someter a votación la decisión a tomar, por lo preceptuado por el
artículo 117 antes transcrito, por las razones que se anotan a continuación:
a) en primer lugar, sus disposiciones son aplicables en primera instancia,
no en apelación; b) salvo prueba en contrario no aportada, el señalamiento
en la sentencia impugnada en el sentido de que los jueces Arias Arzeno y
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Montero Montero, no estamparon sus firmas en razón de que se
encontraban de licencia, no tenía otro alcance que el de informar y dejar
constancia del porqué la Corte se integró con sólo tres de sus jueces, lo que
no sólo es lícito, como ya se ha visto, sino que tal proceder en las cortes de
apelación constituye una práctica; c) porque, para que haya lugar a la
aplicación del citado texto, es necesario, conforme a la doctrina y la
jurisprudencia del país de origen de la citada legislación: 1ro. que el
tribunal sea colegiado y dividido en tres opiniones al menos; 2do. que
ninguna de estas opiniones reúna la mayoría absoluta de los votos (la
mitad más uno); y 3ro. que no haya entre ellas igualdad de votos, caso en
que se estaría ante la hipótesis de la partición y la necesidad de aplicar el
artículo 118, que reglamenta los casos de empate; que como en la especie
no se reunieron las condiciones apuntadas exigidas para la aplicación del
artículo 117 del Código de Procedimiento Civil cuya violación denuncia la
parte recurrente, y la Corte (Segunda Sala) a-qua haber rendido su
sentencia con mayoría absoluta de votos: Dos en un sentido y uno en
contra, el del magistrado Placencia disidente, lo que significa o muestra
que sólo hubo dos opiniones, no más, lo que ha permitido a esta Corte de
Casación verificar que la decisión impugnada sí fue pronunciada con la
mayoría de votos requerida para su validez, es decir, en conformidad con
el artículo 116, ya que dos votos es mayoría en una asamblea de tres;
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Considerando, en cuanto a que el magistrado Robert Placencia emitió
un voto disidente no obstante ser ésta una figura extraña a la normativa
procesal civil, con lo cual violó el mismo texto (art. 117) que consagra la
secretidad de las deliberaciones, resulta de interés retener en el análisis de
este aspecto del medio que se examina, que la recurrente hace hincapié al
formular este agravio, en que lo perseguido por el juez Placencia en su voto
disidente era mostrar su desacuerdo con la sentencia objeto del presente
recurso, no obstante haberla firmado;
Considerando, que, efectivamente, no cabe duda que el propósito del
voto disidente motivado del juez Placencia fue esencialmente, como lo
atesta la recurrente, mostrar su desacuerdo con la sentencia ahora
impugnada, pero resulta contradictorio que a esa actuación del
mencionado magistrado, se le atribuya también que con ella el juez violó al
mismo tiempo el comentado artículo 117 que consagra la “secretidad” del
voto en las deliberaciones, y esto así, por cuanto si la recurrente aduce lo
primero, es decir, que el voto sirvió para el juez mostrar su desacuerdo con
la sentencia, lo que destaca en su favor la recurrente, resulta impropio que
a renglón seguido le atribuya haber incurrido en lo segundo, al imputarle
la violación del secreto de las deliberaciones con su voto disidente, el cual
no podía expresar de otra manera, que no fuera haciéndolo constar en la
sentencia; que, además, la nulidad propuesta por la recurrente respecto de
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la sentencia cuestionada por haber emitido el magistrado Placencia un voto
disidente, como se trata de una sanción jurídica que debe estar prevista en
el derecho, la que se invoca no ha sido consagrada por ningún texto, ni
puede ser presumida, salvo las virtuales, que no es el caso, por lo que
procede desestimar la primera rama del medio que se examina;
Considerando, que, por otra parte, alega asimismo la recurrente, en
síntesis, que la Corte a-qua violó los artículos 1108, 1123, 1132, 1134 y 1135
del Código Civil, el 1108, porque no valoró que el contrato de fecha 2 de
agosto de 2004 fue producto de una renegociación y el mismo se firmó con
el consentimiento del recurrido, al no reconocer la capacidad de Marcelo
Abreu; el objeto cierto en el contrato del 8 de marzo de 2002 y la causa
lícita, constituida por el proceso de renegociación de los anteriores
contratos; el 1123, que dispone que cualquiera puede contratar si no está
declarado incapaz y que la Corte a-qua ha querido interpretar que el
contrato del 8 de marzo de 2002 es válido para cobrar los montos
establecidos en el mismo y nulo para dirimir las diferencias en los
tribunales de Inglaterra; el 1132, al no tomar en cuenta el artículo 1123 y
que la convención es válida, aunque no se explique la causa de ella, y uno
de los argumentos del recurrido Marcelo Abreu es el hecho de reajustar la
comisión en el contrato del 2 de agosto de 2004; el 1134, cuando la Corte aqua no reconoce que por la cláusula 6 del contrato del 2 de agosto de 2004
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se sustituyen, cancelan y anulan todos los acuerdos anteriores entre la
compañía y el consultor, incluyendo los acuerdos del 18 de julio de 2001 y 8
de marzo de 2002, y que en caso de no reconocer lo pactado en el acuerdo
del 2 de agosto de 2004, ley entre las partes, se remitirán a lo pactado en el
contrato del 8 de marzo de 2002, que establece: “Este acuerdo será regido e
interpretado de conformidad con las leyes de Inglaterra”; y el 1135, según
el cual las convenciones obligan no sólo a lo que se expresa en ellas, sino
también a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley den a la
obligación… y específicamente a lo pactado en el contrato del 2 de agosto
de 2004 y si este no se reconoce, deben remitirse al del 8 de marzo de 2002,
en todos sus aspectos y no de manera parcial como ha interpretado la Corte
a-qua;
Considerando, que en la sentencia impugnada se deja constancia del
depósito bajo inventario de, entre otros, los siguientes documentos: 1)
Original del contrato en idioma inglés, de fecha 8 de marzo de 2002,
suscrito entre Biwater International, Ltd y Fulgencio Marcelo Abreu, en el
cual la primera se compromete a pagar al señor Marcelo Abreu el uno por
ciento (1%) del valor de cualesquiera trabajos de capital incluidos dentro
del contrato suscrito con el Estado Dominicano para la construcción de los
acueductos de San Francisco de Macorís, La Romana y San Cristóbal,
debidamente traducido al español el 26 de septiembre de 2006, por el
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Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
Dr. Alejandro Debes Yamín, Notario Público; 2) Original del contrato en
idioma inglés, de fecha 8 de marzo de 2002, suscrito entre las mismas
partes, en el cual la primera se compromete a pagar al señor Marcelo Abreu
el siete por ciento (7%) del valor de cualesquiera trabajos de capital
incluidos dentro del contrato suscrito con el Estado Dominicano para la
construcción de los acueductos de San Francisco de Macorís, La Romana y
San Cristóbal, debidamente traducido al español el 24 de marzo de 2006,
por el Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, Dr. Alejandro Debes Yamín, Notario Público; 3) Copia del
contrato en idioma inglés suscrito el 2 de agosto de 2004 entre las mismas
partes, debidamente traducido al español el 26 de septiembre de 2006, por
el Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, Dr. Alejandro Debes Yamín, Notario Público; y 4) Original del
contrato suscrito el 18 de julio de 2001, entre las mismas partes, mediante el
cual la primera, la Compañía, se comprometía a pagarle al segundo, el
Consultor, diez (10%) por ciento de cualesquiera trabajos de capital
incluidos en los contratos suscritos con el Estado Dominicano;
Considerando, que en la sentencia recurrida consta, además, el
depósito en el expediente por la parte recurrente principal, el 17 de octubre
de 2007, de: a) acuerdo 2 agosto 2004 y el calendario de pago, pagado (sic) a R
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Marcelo Abreu, copia y b) copia de la carta de fecha 28 de julio de 2004,
donde la hija de Marcelo Abreu, solicita US$30,000.00 dólares para pagar a
los abogados de él y poder desapoderarlos del caso, por haber arribado al
acuerdo, entre otros;
Considerando, que de igual manera se consigna en la sentencia
impugnada, como cuestión de hecho, que los contratos de obras de cuyos
montos se derivarían el uno (1%) por ciento y el siete (7%),
respectivamente, para cubrir el Acuerdo de Consultoría a favor de
Fulgencio Marcelo Abreu, según los acuerdos suscritos entre la Compañía
y el Consultor el 8 de marzo de 2002, ascendían, el primero, relativo a la
construcción del acueducto de San Francisco de Macorís, a la suma de
US$84,306,171.00, de los cuales correspondía a la ejecución de la obra la
cantidad de US$68,087,890.00; y el segundo, relativo a la construcción de
los acueductos de San Cristóbal y La Romana, a la suma de
US$103,929,060.00, de los cuales correspondía a la ejecución de la obra la
cantidad de US$83,633,344.00; que el 8% de los valores distribuidos a
ejecución de las obras, es decir, la cantidad de US$151,721,234.00, equivale
a US$12,137,689.72, que es exactamente la cantidad reclamada por el
demandante original; que, agrega de igual manera la sentencia atacada,
que el tribunal a-quo interpretó correctamente el derecho y la
documentación depositada por el demandante original al evaluar el crédito
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de éste en US$9,313,833.72, ya que es la cantidad que resulta de restarle a
US$12,137,689.72, la suma de US$2,823,856.00, que fue pagada por la
codemandada Biwater International, Ltd;
Considerando, que, por tanto, en cuanto a la violación de los artículos
1108 y siguientes del Código Civil, relativos a las condiciones esenciales
para la validez de las convenciones, invocada por la recurrente, la Corte aqua en su sentencia reproduce de la sentencia de primer grado, haciéndolo
suyo, el siguiente Considerando: ”Que conviene destacar que, aunque
existe depositado en el expediente un Apéndice 1, anexo al acuerdo
suscrito por las partes en fecha 02 de agosto de 2004 (antes indicado) y de
conformidad con la Cláusula 1 de éste, en el cual se establecen las sumas
que serían pagadas al demandante, señor Fulgencio Marcelo Abreu, por los
servicios realizados, el mismo no figura firmado por este señor, por lo cual
no podemos establecer que ciertamente éste lo haya aceptado como bueno
y válido ni que le sea oponible; que, además, el citado acuerdo de fecha 2
de agosto de 2004 establece en su cláusula 7 que “El acuerdo de fecha 8 de
marzo de 2002, será válido si la compañía no le pagare al consultor
conforme a la cláusula 1”; que los acuerdos del 8 de marzo de 2002,
señalados, establecen un pago de un 1% y de un 7%, respectivamente, del
valor de cualquier trabajo de capital incluido dentro de los contratos para
la construcción de los acueductos antes indicados, porcentajes que arrojan
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la suma de US$9,313,833.72, que es la suma adeudada por la parte
demandada, o su equivalente en pesos dominicanos, por concepto del 8%
del valor de los trabajos de capital (ejecución de la obra), porcentaje
consignado en los acuerdos de consultoría antes dichos; que, en cambio, la
parte demandada no ha probado el pago ni ningún otro hecho extintivo de
su obligación, por lo cual procede acoger la presente demanda por la suma
ya señalada, por aplicación de las disposiciones del artículo 1315 de
nuestro Código Civil, el cual reza de la manera siguiente: “El que reclama
la ejecución de una obligación debe probarla. Recíprocamente el que
pretende estar libre debe justificar el pago o el hecho que ha producido la
extinción de su obligación”;
Considerando, que, como puede apreciarse, tanto el primer juez
como la Corte a-qua hicieron las ponderaciones pertinentes, a la vista de la
documentación sometida a debate, de las cuales extrajeron las
consecuencias siguientes: primero, que como el Apéndice 1 anexo al
contrato suscrito por las partes el 2 de agosto de 2004, en el cual se
establecen las sumas que serían pagadas al demandante Fulgencio Marcelo
Abreu, no fue firmado por éste, el mismo no podía serle oponible en razón,
además, de que en su cláusula 4 se estipula que: “Este acuerdo será efectivo
luego de ser firmado por ambas partes y sólo podrá ser modificado
mediante un instrumento escrito firmado por ambas partes”; segundo, que
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el citado acuerdo del 2 de agosto de 2004, en su cláusula 7 consigna
igualmente, que el acuerdo del 8 de marzo de 2002 será válido si la
compañía no le pagare al consultor conforme a la cláusula 1; tercero, que
esos acuerdos del 8 de marzo de 2002 establecen un pago de un 1% y de un
7%, respectivamente, del valor de los contratos para la construcción de los
acueductos, los cuales porcentajes arrojan la suma de US$9,313,833.72; y
cuarto, que como la parte demandada, hoy recurrente, no ha probado ni
justificado el hecho extintivo de su obligación, lo que equivale decir que la
compañía no pagó al consultor la suma adeudada, ambas jurisdicciones
entendieron procedente acoger la demanda del hoy recurrido, por lo que
esta Corte de Casación estima correcto lo así decidido por la Corte a-qua al
estimar que la suma que debe ser pagada al demandante original es la que
resulta de los contratos de fecha 8 de marzo de 2002, en los cuales se
establece una comisión en conjunto de un 8%, toda vez que el denominado
“Calendario de Pagos” donde se recogen los resultados de la fallida
renegociación del 2 de agosto de 2004, al no estar firmado por el actual
recurrido, ni reflejar los valores adeudados verificados por la Corte a-qua,
ese documento carece de valor jurídico, lo que hizo que recobraran su
imperio los acuerdos del 8 de marzo de 2002, donde no existía calendario
de pago alguno;
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Considerando, que, a mayor abundamiento, si bien es cierto que
conforme el artículo 1134 del Código Civil, las convenciones legalmente
formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho, como
afirma la compañía recurrente al citar ese texto legal en su memorial de
casación, para deducir de ello que la Corte a-qua no reconoce que por la
voluntad de las partes en la cláusula 6 del contrato del 2 de agosto de 2004,
“se sustituye, cancela y anula todos los acuerdos anteriores entre la
Compañía y el Consultor, fueren estos orales o escritos, incluyendo, sin
limitación, los acuerdos fechados 18 de julio de 2001 y 8 de marzo de 2002”,
no es menos cierto que en el caso hipotético de que no se reconociera, como
ha ocurrido, lo pactado en el acuerdo del 2 de agosto de 2004, tendrían las
partes que remitirse al artículo 1.11 del contrato de fecha 8 de marzo de
2002, ya que el mismo constituye para ellas su ley, cuando establece: “Este
acuerdo será regido e interpretado de conformidad con las leyes de
Inglaterra”; que, finalmente, la recurrente, al glosar el artículo 1135 del
mismo Código para imputarle a la Corte a-qua haberlo interpretado
parcialmente, en relación con el contrato del 8 de marzo de 2002, en caso de
no reconocerse el contrato del 4 de agosto de 2004, pasa por alto el reenvío
que hace precisamente este último contrato en su cláusula 7 al contrato del
8 de marzo de 2002, en caso de que la Compañía no pagara al Consultor de
conformidad con el calendario de pagos;
21
Considerando, que, asimismo, si bien es correcta la aseveración de la
recurrente de que por la cláusula 6 del contrato del 2 de agosto de 2004 se
dejaron sin efecto los acuerdos anteriores entre la Biwater International,
Ltd y Fulgencio Marcelo Abreu, de fechas 18 de julio de 2001 y 8 de marzo
de 2002, y que la referida cláusula 6 reenvía a la cláusula 1 del mismo
acuerdo del 2 de agosto de 2004, donde se expresa que la Compañía deberá
pagar al Consultor por sus servicios una compensación total de
conformidad al “programa de pagos” que se anexa como Apéndice 1, no
menos verdadero resulta que en la cláusula 7 bajo el mismo acuerdo del 2
de agosto de 2004, las partes convinieron en lo siguiente: “El acuerdo
fechado 8 de marzo de 2002 será válido si la Compañía no le paga a el
Consultor de conformidad con la cláusula 1”, es decir, de acuerdo al
programa o calendario de pagos inserto en el acuerdo del 2 de agosto de
2004;
Considerando, que, como la Corte a-qua estimó correctamente que la
ausencia de la firma de Fulgencio Marcelo Abreu en el “Programa de
Pagos” anexo al acuerdo del 2 de agosto de 2004, equivalía a su no
aceptación como bueno y válido, y por tanto, el mismo no podía serle
oponible y, por consiguiente, lo que correspondía por mandato de ese
posterior acuerdo era retornar a lo pactado en el acuerdo fechado a 8 de
marzo de 2002, donde se establecen los porcentajes a pagar al Consultor de
22
los montos de las obras, como lo estableció la Corte a-qua, atendiendo a lo
pactado en la citada cláusula 7 del acuerdo del 2 de agosto de 2004, y al
verificar además, que la compañía sólo pagó a su contraparte por sus
servicios la cantidad de US$2,823,856.00, no la suma de US$9,313,833.72,
valor pendiente de pago de los dichos porcentajes;
Considerando, que en lo que respecta a los argumentos sobre las
causas del contrato, la parte recurrida en su memorial de defensa responde
del modo siguiente: “que Marcelo Abreu jamás ha negado que se
conviniera un calendario de pagos. Marcelo Abreu sí niega que el
documento que ha presentado Biwater, únicamente firmado por su
representante, sea el calendario de pagos convenido. El calendario de
pagos contemplaba los pagos consignados en ese documento y otros pagos
mensuales hasta saldar la totalidad de la deuda del 8% de los contratos del
8 de marzo del 2002; si Biwater quiere convencer que Marcelo Abreu le ha
perdonado una deuda ascendente a la suma de US$9,313,833.72, debe
presentar algo más que un apéndice firmado únicamente por su
representante; que el contrato del 2 de agosto de 2004 si bien menciona la
existencia de un apéndice que contiene un calendario de pago, no puede
colegirse de ninguna parte del texto del contrato que Marcelo Abreu ha
consentido una quita o perdón parcial de la deuda, ni tampoco que el
Apéndice que presenta Biwater, sea el referido en el contrato; si Biwater
23
pretende que se ha liberado de una deuda que al día de la firma del
contrato del 2 de agosto de 2004 alcanzaba casi los US$12,000,000.00,
pagando solamente la suma que pagó, tiene que probar que Marcelo Abreu
consintió en rebajar su deuda, y para ello no le queda otro camino que
presentar un calendario de pagos que sea oponible a Marcelo Abreu, y para
ello, es ineludible que dicho calendario esté firmado por éste último, a eso
lo obliga el artículo 1315 del Código Civil”; que, en consecuencia, los
aspectos invocados en el primer medio, por no violar los textos legales
reseñados y carecer de fundamento, deben ser desestimados;
Considerando, que en lo que respecta a la alegada violación al
artículo 1.11 del contrato del 8 de marzo de 2002, al no aplicarse, para el
caso de que no se reconociera lo pactado en el acuerdo de fecha 2 de agosto
de 2004, como en efecto ha ocurrido, y que la recurrente entiende la Corte
a-qua no toma en cuenta, ya que en virtud de ese artículo estaba obligada a
declararse incompetente y no lo hizo, resulta de interés para su análisis
transcribir la citada disposición contenida en el acuerdo del 8 de marzo de
2002, que estipula, como se ha dicho antes, lo siguiente: “Este Acuerdo
será regido e interpretado de conformidad con las leyes de Inglaterra”;
Considerando, que, conforme al principio de autonomía de la
voluntad, las partes en un contrato pueden válidamente convenir en una
prorrogación de competencia a fin de que el pleito, de éste producirse, sea
24
juzgado por un tribunal sin competencia ratione personae; que de la simple
lectura de la cláusula insertada en el acuerdo del 8 de marzo de 2002 como
artículo 1.11, se desprende que se está ante un conflicto de leyes aplicables
en lugares distintos o, lo que es lo mismo, frente a un conflicto de leyes en
el espacio, no de competencia, como ha planteado ante esta Corte de
Casación la recurrente, lo que no hizo ante la Corte a-qua, lo que constituye
un medio nuevo planteado por primera vez en casación, motivo por el cual
la excepción de incompetencia se declara inadmisible, sin necesidad de
hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia;
Considerando, que en cuanto al conflicto de leyes a que se hace
alusión arriba, al que se conoce, cuando se trata de leyes pertenecientes a
Estados diferentes como conflicto internacional, que es el objeto del
Derecho Internacional Privado, se hace necesario apuntar lo que la doctrina
y la jurisprudencia del país de origen de nuestra legislación han sentado
respecto a la cuestión: “Una ley extranjera –señalan- puede ser aplicada en
Francia si la solución del conflicto conlleva esta aplicación. Pero ella no
tiene el mismo carácter que la ley francesa. Pertenece a las partes establecer
la existencia de la ley pero la violación de la ley extranjera no constituye un
caso de casación”; que, en el mismo orden, esta Suprema Corte de Justicia
ha mantenido el mismo criterio sobre el particular, criterio que ratifica en
esta oportunidad, pero, bajo las condiciones establecidas en la legislación
25
dominicana; así, ha sido juzgado que “nada se opone a que aquél que
alegue ante nuestros tribunales la aplicación de un derecho extranjero,
justifique su texto, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el
país de cuya legislación se trate, siempre que dicha certificación esté
debidamente legalizada, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 716 de
1944, sobre Funciones Públicas de los Cónsules, según el cual todo
documento que se destine a exhibirse ante funcionarios judiciales deberá
estar certificado por el funcionario consular de la jurisdicción en que fuere
expedido”;
Considerando, que al no haber evidencia en el expediente ni en la
sentencia impugnada del cumplimiento por la recurrente de los requisitos
exigidos por la ley para que una legislación extranjera pueda ser aplicada
por nuestros tribunales de justicia, no obstante las partes en un contrato
haber convenido que ese contrato será regido e interpretado de
conformidad con las leyes de un Estado extranjero, como en la especie, es
claro que la referida cláusula 1.11 del acuerdo del 8 de marzo de 2002, en
virtud de la cual las partes se remiten a las leyes de Inglaterra, carece de la
eficacia que le atribuye la recurrente para que en base a ella la Corte a-qua
juzgara el asunto aplicando la ley inglesa, por lo que frente al no
cumplimiento de lo que prevé la norma para el empleo del derecho
extranjero en el país, resolvió correctamente, al amparo de los artículos 14 y
26
15 del Código Civil, juzgar el asunto aplicando la legislación nacional; que,
en consecuencia, procede desestimar este aspecto, y por tanto el medio
examinado;
Considerando, que en el desarrollo del segundo medio la recurrente
alega, en síntesis, lo siguiente: a) que cuando la Corte a-qua establece en su
sentencia “que la codemandada Biwater International, Ltd entiende que los
referidos contratos del 8 de marzo de 2002, fueron sustituidos por el
denominado “calendario de pagos”, esta afirmación constituye una
desnaturalización de los hechos, puesto que la recurrente en ningún
momento ha dicho esto, por el contrario, ha establecido y probado que el
indicado contrato fue anulado por el contrato de fecha 2 de agosto de 2004;
b) que entre las partes se inició un proceso de renegociación en lo relativo a
la comisión que debió pagarse al demandante original, evidenciado por los
faxes y correos electrónicos que reposan en el expediente que valen como
principio de prueba; c) que la Corte no ponderó ni tomó en cuenta como
medio de prueba el contrato de fecha 2 de agosto de 2004; d) cuando no
toma en cuenta el numeral 1.11 del contrato de fecha 8 de marzo de 2002,
ya analizado; e) que con el cumplimiento o pago total del apéndice, se hace
nulo el contrato del 8 de marzo de 2002; en consecuencia, Marcelo Abreu
no es acreedor a ningún título de la Biwater International Limited, y esta no
es deudora del recurrido, lo que hace inadmisible su demanda, hecha en
27
base al contrato del 8 de marzo de 2002, por falta de calidad; f) que al
momento de evacuar la sentencia se apreció que la posición de los jueces se
dividió, al señalar la misma que dos jueces estaban de licencia, y otro
emitió un voto disidente, es decir, solo dos de cinco jueces que forman la
sala, fueron los que votaron y decidieron a favor del recurrido, lo cual es
una violación a los artículos 1134 y siguientes del Código Civil y 1315 del
mismo Código;
Considerando, que no obstante responder los desarrollos anteriores a
los alegados agravios que sirven de contenido al primer medio, por
constituir el fondo del asunto la cuestión nuevamente planteada por la
recurrente en la letra e) de este segundo medio, esta Corte de Casación
estima pertinente repetir, para mayor esclarecimiento de lo antes expresado
sobre el particular, que la sentencia impugnada al explicar la existencia del
crédito que sirvió de base a la demanda en cobro de dinero del actual
recurrido, expuso lo siguiente: “que si bien es cierto que entre las partes se
inició un proceso de renegociación en lo relativo a la comisión que debía
pagarse al demandante original, el cual queda evidenciado por los faxes y
correos electrónicos que reposan en el expediente y los cuales fueron
'apostillados' por un notario en Inglaterra, documentos que valen como
principios de pruebas, no menos cierto es que el denominado 'calendario
de pagos' donde se recogen los resultados de dicha negociación,… es un
28
documento que al no estar firmado por el demandante original carece de
valor jurídico y, en consecuencia, la suma que debe ser pagada es la que
resulta de los contratos de fecha 8 de marzo del 2002, en los cuales se
establece una comisión de un 8%; que no es controvertido el hecho de que
la codemandada original ha pagado, hasta la fecha, la suma de
US$2,823,856.00; que en ejecución de los contratos del 8 de marzo del 2002,
el demandante original tiene derecho al 8% de la cantidad que el Estado
Dominicano tiene que pagar en ejecución de los contratos de obras
públicas, firmados en fecha 26 de diciembre del 2001, relativo a la
construcción del acueducto de San Francisco, el primero, y a los
acueductos de San Cristóbal y La Romana, el segundo; que en el primero
de los contratos se estipuló la suma de US$84,306,171.00, de los cuales
US$68,087,890.00 fueron por concepto de ejecución de la obra y
US$16,218,281.00, por concepto de gastos y costos; mientras que en el
segundo se estipuló la cantidad de US$103,929,060.00, de los cuales
US$83,633,344.00, fueron por concepto de ejecución de la obra y
US$20,295,716.00 por concepto de gastos y costos; que, el 8% de los valores
distribuidos a ejecución de la obra, es decir, la cantidad de
US$151,721,234.00, equivale a US$12,137,689.72, que es exactamente la
cantidad reclamada por el demandado original; que el tribunal a-quo
interpretó correctamente el derecho y la documentación depositada por el
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demandante original, al evaluar el crédito de este en US$9,313,833.73, ya que es la cantidad que resulta de restarle a US$12,137,689.72, la suma de US2,823,856.00, que fue pagada por la codemandada, Biwater International, Ltd”; Considerando, que como se advierte por lo antes relatado, la Corte aqua al decidir que entre la recurrente y el recurrido hubo una relación contractual que dio origen al litigio a que se hace alusión en esta sentencia, el cual culminó ante los jueces del fondo a favor del demandante, hoy recurrido, reconociéndose la validez de los acuerdos fechados a 8 de marzo de 2002, en aplicación de la cláusula 7 del acuerdo firmado por las partes el 2 de agosto de 2004, sometido a debate y la cual cláusula estima la Suprema Corte de Justicia fue interpretada correctamente por la Corte aqua, es obvio que en la sentencia impugnada no se ha incurrido en los vicios y violaciones denunciados y, en consecuencia, el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado; Considerando, que el tercer y último medio propuesto por la recurrente, constituye en su mayor parte una mera repetición de los argumentos expuestos en los medios precedentes, los cuales han sido debidamente ponderados y subsecuentemente desestimados, según se ha dicho, sosteniendo en la otra parte del mismo que la Corte a-qua ha dejado
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a la Suprema Corte de Justicia en condiciones de no poder determinar que dicho tribunal haya o no aplicado correctamente la ley y el derecho, dictando la sentencia impugnada de “manera muy perjudicial contra los derechos de la parte recurrente, sin dar motivos claros, precisos, concordantes, ni coherentes, no ponderando las violaciones a las leyes sujetas a su aplicación, lo que implica la necesidad de casar la sentencia dada por dicha Corte” (sic), concluyen los alegatos del medio bajo estudio;
Considerando, que el examen integral de la decisión atacada, pone de relieve que ésta contiene una clara y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, con motivos pertinentes y justificativos de su dispositivo, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación ejercer a plenitud el control casacional que le otorga la ley, al verificar que en la especie el derecho y la propia ley han sido correctamente aplicados, por lo que no existe en la especie la aducida falta de base legal y procede desestimar, por tanto, el medio analizado y rechazar, en mérito de todas las razones expuestas en otra parte de este fallo, el recurso de casación de que se trata.
Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Biwater International Limited, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de REPUBLICA DOMINICANA
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Apelación del Distrito Nacional el 30 de mayo del 2008, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del procedimiento.
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 9 de junio de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración.
Rafael Luciano Pichardo
Eglys Margarita Esmurdoc Margarita A. Tavares
Ana Rosa Berges Dreyfous José E. Hernandez Machado
Grimilda Acosta
Secretaria General
La Presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mi, Secretaria General, que certifico. A.A.F
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