| Diez personas arrestadas por fraude a la atención médica - MD José López-Díaz
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SAN JUAN, P.R. - El 26 y 29 de agosto de 2011, un gran jurado federal emitió tres acusaciones y una acusación sustitutiva contra trece personas por conspiración para cometer delito de fraude en la atención médica, anunció la fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez. La investigación fue dirigida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), con la colaboración del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El médico José López-Díaz, su hermano, el médico Carlos López-Díaz, Ana y Nicole López-Díaz, hijas de José López-Díaz; Leslie Williams-Nieves y Nahir Rodríguez-Candelario; secretarias del Centro Pediátrico, una clínica médica que era propiedad y estaba operada por José López-Díaz enfrentan 20 acusaciones por conspiración para cometer fraude a la atención médica y un alegato de confiscación de $547,410.01. El gobierno busca confiscar una propiedad ubicada en la urbanización Paseo San Juan, una propiedad ubicada en Villa Nevares, un apartamento en Río Grande y 100 piezas de joyería, que incluyen piedras preciosas y metales preciosos, que fueron adquiridos en julio de 2011.
La acusación aduce que José Lopez-Díaz, un médico generalista con licencia para practicar la medicina en Puerto Rico, facturaba a Medicare por servicios no proporcionados. Además, la acusación aduce que los servicios facturados y no proporcionados incluían: facturación a Medicare por más de 1,825 reclamaciones por tratamiento médico presuntamente provisto a los pacientes de Medicare en la sala de emergencia del Guaynabo Medical Center, a pesar de que nunca había trabajado en dicha institución y nunca vio a los pacientes; facturación del código 53085 de Medicare, conocido como "drenaje de la extravasación urinaria perineal", un procedimiento que supuestamente se llevó a cabo por José López-Díaz en pacientes de sexo femenino, cuando este procedimiento sólo se puede realizar en pacientes de sexo masculino. José López-Díaz nunca proporcionó tratamiento médico a los beneficiarios de Medicare, cuyas identidades utilizó para facturar a Medicare.
Durante el período de tiempo mencionado en la acusación, José López-Díaz facturó de forma fraudulenta a Medicare por $1,611,115.09 y recibió la suma de $547,410.01 en reembolsos de Medicare.
El médico Carlos López-Díaz es un dentista registrado en Puerto Rico y el hermano de José López Díaz. En el transcurso del plan de fraude a la atención médica, Carlos López-Díaz conspiró con su hermano para defraudar a Medicare y le facilitó nombres y números de beneficiarios de Medicare de los pacientes atendidos por Carlos López-Díaz en su clínica dental con el fin de que su hermano le facturara a Medicare por servicios no prestados a los pacientes. Los hermanos enfrentan cinco (5) cargos por robo de identidad agravado.
Ana y su hermana Nicole López-Villamil conspiraron con su padre para defraudar a Medicare al completar los formularios HCFA 1500 utilizados por José Lopez-Díaz para facturar a Medicare por servicios no prestados. Cuando completaron los formularios de reclamaciones HCFA 1500, Ana y Nicole López-Villamil incluyeron información de facturación para procedimientos, sabiendo que no se habían llevado a cabo y relacionada con pacientes, sabiendo que nunca fueron vistos o atendidos por su padre. Las hermanas adquirieron objetos de valor por parte de su padre por completar los formularios de reclamaciones fraudulentas.
Leslie Williams-Nieves y Nahir Rodríguez-Candelario fueron secretarias en el Centro Pediátrico y en la oficina de negocios de Carlos López-Díaz. Ellas conspiraron con José López-Díaz realizándole servicios de facturación por servicios, que sabían que no eran prestados y recibieron pagos por parte de él.
El esquema de fraude a la atención médica imputado en la segunda acusación involucra a una persona, el Dr. Edgard Rivera-Morales, un médico con licencia en Puerto Rico que participó en un esquema para defraudar a Medicare mediante la práctica de sobrefacturación por medicamentos administrados a los beneficiarios de Medicare. Según la acusación, a partir de enero de 2006 hasta cerca de agosto de 2011, Rivera-Morales, con el fin de defraudar, facturó en exceso a Medicare por ROBAXIN, un relajante intramuscular. Las revisiones de los registros médicos de los pacientes demostraron que Rivera-Morales administraba una (1) unidad de ROBAXIN a sus pacientes de Medicare mientras que facturaba a Medicare como si hubiese administrado de 50 a 100 unidades (ampollas). Las prácticas de facturación fraudulenta de Rivera-Morales obligaron a Medicare a pagar en exceso un total de $659,569.96 en relación con 836 reclamaciones fraudulentas. El gobierno busca confiscar $659,569.96 provenientes del esquema fraudulento de Rivera-Morales.
La tercera acusación es contra Damaris Carrasco-Flores, presidenta de Las Piedras Medical Equipment ("LPME") y Nahomy Báez-Martínez, empleada de MMM, ambas involucradas en un esquema para defraudar a Medicare y Mucho Mas ("MMM"), una agencia de seguros Medicare Parte C.
La acusación aduce que entre marzo de 2008 y marzo de 2011, Carrasco-Flores presentó al menos 1,096 reclamaciones falsas y fraudulentas, con la ayuda de Báez-Martínez, una empleada del Departamento de Apelaciones y Quejas de MMM, evitando y obviando los controles y las regulaciones de facturación interna de MMM. Las reclamaciones incluyeron: reclamaciones por equipo médico duradero ("DME") que no fue entregado a los beneficiarios de Medicare; reclamaciones que habían sido negadas con anterioridad; y/o reclamaciones que de otra manera habían sido negadas bajo las regulaciones y procedimientos de facturación de Medicare. Se le pagó en exceso a Carrasco-Flores por más de un millón de dólares por sus reclamaciones fraudulentas. Como resultado de su participación en el esquema, Carrasco-Flores pagó a Báez-Martínez más de $250,000.00 dólares en pagos con cheques.
Los otros dos coacusados nombrados en la tercer acusación, Rafael A. Casanova-Carrasco, conocido como "Junito" y Rafael F. Casanova-Carrasco, conocido como "Rafo", dos hijos de Carrasco Morales, están acusados de obstruir una investigación de fraude a la atención médica.
Una acusación sustitutiva relacionada alega que, los acusados María Montiel y su esposo Armando Montiel, propietarios/operarios de Care Plus, presentaron más de 464 reclamaciones a Medicare por aproximadamente $1,527,791.71 por equipo médico duradero, incluyendo prótesis y dispositivos ortopédicos y sillas de ruedas eléctricas El equipo no fue proporcionado y no era necesario. Los acusados recibieron de Medicare aproximadamente $262,687.54 en reembolsos como resultado de las reclamaciones falsas.
"Medicare es el Sistema de salud de la nación y atiende a la población vulnerable", dijo Rosa Emilia Rodríguez-Vélez, Fiscal Federal. "Los arrestos de hoy llevados a cabo por los agentes de la Oficina del Inspector General del HHS y nuestros socios en el cumplimiento de la ley demuestran que no toleraremos a los delincuentes que se dedican a las operaciones fraudulentas que agotan el programa de los fondos de Medicare destinado a nuestros ancianos con el fin de enriquecerse".
"Estamos orgullosos de ser parte del equipo federal que llevó a los acusados ante la justicia por defraudar al programa Medicare y aprovecharse de los ancianos, dijo Thomas O'Donnell, Agente Especial a cargo de la Oficina Regional de Nueva York de la Oficina del Inspector General, que también incluye Puerto Rico.
"Arrestar a los propietarios y proveedores, congelar sus activos y procesarlos con la pena máxima posible, son algunas de las herramientas que el Gobierno Federal tiene disponible y las utilizará para excluir a estas personas de la participación del programa Medicare".
"El Servicio Secreto de los EE. UU. tiene el compromiso de investigar los delitos de fraude financiero para incluir el robo de identidad junto con nuestras agencias asociadas para salvaguardar nuestro sistema financiero", dijo Pedro Gómez, Agente Especial a cargo. Vamos a seguir investigando este tipo de delitos con el mayor rigor de la ley y llevaremos ante la justicia a estos delincuentes que se dedican al robo de identidad para facilitar otras actividades criminales".
La HHS-OIG, el USSS, el FBI y las agencias de investigación recibieron una importante colaboración de las Unidades Especiales de Investigación y Cumplimiento de Medical Card System Inc., Triple-S Salud, Medicare y Mucho Más y Preferred Medicare Choice. Las agencias que llevaron a cabo los arrestos fueron la HHS-OIG, el USSS y el Servicio US Marshal.
Los casos están siendo procesados por los Fiscales Federales Adjuntos Julia Díaz-Rex, Coordinadora del Fraude a la atención médica, y Héctor Ramírez-Carbó.
Si se los encuentra culpables, los acusados podrían enfrentar un sentencia máxima posible de veinte (20) años en prisión. Las acusaciones contienen sólo los cargos y no son prueba de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes hasta y a menos que se demuestre lo contrario.
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