Por Alejandro Almánzar
Cuando quienes manejan un país, no juegan su rol, el caos se impone. Si el exceso de autoridad es despreciable, no menos desconcertante es la falta de ésta, ya que, puede dar al traste con la permanencia del Estado mismo.
No sabemos qué lectura les dan funcionarios del gobierno a la decisión de ciudadanos tomar las leyes en sus manos, como si no existiera nadie para hacer cumplir las leyes e imponer el orden.
El país marcha por rumbos inciertos en materia de seguridad, lo evidencia los linchamientos a delincuentes, y la expulsión de haitianos indocumentados de sectores de Santiago, por parte de organizaciones comunitarias.
Es lamentable que ante la falta de garantía a la vida de los dominicanos y por el descuido de quienes están en el poder, la gente tenga que recurrir a métodos apartados de un orden jurídico legal, para hacer prevalecer sus derechos inalienables.
Si seguimos con la tesis de ver hacer y dejar pasar, es imposible predecir otra cosa que no sea el colapso social, pues cuando la gente se siente huérfana de autoridad, recurre a sus medios de defensas, sin tomar en cuenta los métodos a emplear.
El mundo se hizo eco, cómo moradores de la Zona Sur, de Santiago, se vieron obligados a expulsar a haitianos indeseables de sus comunidades, porque las autoridades de Inmigración no cumplen con su deber de protegerlos de indocumentados, que aparte de ir a arrabalizar su entorno, también cometían delitos en perjuicio de los residentes.
Ahora que el presidente esta haciendo cambios en el tren oficial, debería pasarle balance al actual ministro de Inmigración, para determinar si este señor está cumpliendo con su deber, o si por el contrario, es ineficiente en sus funciones, pues ese vacío institucional no nos deja bien parado frente a la colectividad internacional.
Los ciudadanos están llamados a velar por el buen desenvolvimiento de sus comunidades y es importante que estén organizados en Juntas de Vecinos, clubes culturales y demás, pero jamás la sociedad debe permitir que nadie tome las leyes en sus manos, a menos que no se exija la disolución de estas instituciones parasitas, que sólo sirven de carga al Erario público.
Recientemente moradores y comerciantes de Licey al Medio, Santiago, prácticamente decidieron desconocer la autoridad legalmente constituida y crear su propia seguridad, porque la delincuencia criolla y extranjera no les dan treguas.
Y otro residencial de esta misma ciudad, anunció que harán lo mismo, ante la ola de atracos y robos a mujeres a cualquier hora del día y la noche, lo que deja mal parado al gobierno y sus funcionarios, que parecen no funcionar para nada.
De continuar la población haciendo justicia con sus manos, definitivamente terminaremos en un verdadero Estado fallido. Ojala el Ministerio Público, Congreso Nacional y Suprema Corte de Justicia, tengan ojos para ver ahora, lo que después llenará de espanto sus ojos, tal vez estamos a tiempo.
alexalma0915@gmail.com
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